Luis Alfonso de Alba, embajador de México ante la OEA, señaló ante integrantes del GIEI que no se debe asociar la inocencia con la tortura. Afirmó que este hecho debe ayudar a “visibilizar” a los mexicanos que la protección de los derechos humanos en ocasiones impide la aplicación de la justicia.
Por Roque Planas
Washington, 26 de Mayo (SinEmbargo / The Huffington Post).– Un diplomático mexicano condenó las fallas en materia de derechos humanos de su Gobierno, pero advirtió que sólo porque alguien es torturado no significa que la persona sea inocente.
Al hablar en un panel en el Wilson Center, el embajador de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Alfonso de Alba, reconoció que la investigación sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa que fueron secuestrados el año pasado había estado plagada de acusaciones de que fueron torturados y sobre la creación de testigos sospechosos. Al mismo tiempo, insistió en que algunas de las más de 100 personas encarceladas en relación con el caso de violación a los derechos humanos de más alto perfil en el país, podría ser culpable.
“En nuestro país hay gente, como yo, que piensan que toda declaración obtenida mediante la tortura anula el proceso [judicial],” dijo Alonso de Alba. “Pero eso – y quiero destacar esto – que no significa que la persona es inocente. Lo que significa que tenemos que hacer de nuevo el proceso y, en algunos casos, evidentemente, se liberará esa persona porque no hay pruebas contra él, salvo lo que se extrae a través de la tortura “, expresó.
“Pero no hay que asociar automáticamente la inocencia con estas personas”, añadió, diciendo que ello podría conducir a los mexicanos a visibilizar “la protección de los derechos humanos como un eventual obstáculo a la aplicación de la justicia.”
Alfonso de Alba habló junto a cuatro de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que proporciona apoyo internacional para la investigación sobre la desaparición de los estudiantes.
Las conclusiones del Grupo Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , que se presentan en dos informes, contradicen fuertemente la versión de los hechos ofrecida por el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. El panel criticó al Gobierno por no seguir las líneas de investigación prometedoras y por basarse en las confesiones de los sospechosos – algunos de los cuales fueron torturados – en lugar de basar la investigación en la evidencia física. El segundo informe del grupo, publicado el mes pasado, documentó 17 casos de tortura sobre la base de los informes médicos del Gobierno y corroborado en varios casos con entrevistas.
Los expertos afirmaron que es ilegal bajo la ley mexicana admitir pruebas arrancadas a testigos o sospechosos utilizando la tortura, ya que esta práctica produce testimonios poco confiables.
En la noche del 26 de septiembre de 2014, policías municipales atacaron a un grupo de alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que habían viajado a la ciudad de Iguala para secuestrar autobuses en los que planeaban asistir a la protesta del 2 de octubre en la Ciudad de México. Hombres armados no identificados atacaron también un autobús que transportaba a un equipo de fútbol de una escuela secundaria en un incidente relacionado. En total, seis personas murieron en el transcurso de la noche y la mañana siguiente. Cuarenta y tres estudiantes fueron secuestrados.
Los ataques y la desaparición forzada de los estudiantes llevaron el caso a nivel internacional y alentó un movimiento nacional de protesta contra la impunidad en un país plagado por la violencia alimentada por la guerra de drogas y la corrupción generalizada.
El ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dijo en noviembre de 2014 que los estudiantes fueron secuestrados por la Policía, y luego entregados a miembros de la banda de narcotraficantes Guerreros Unidos, que los habrían matado e incinerado sus cuerpos en un vertedero de basura de Cocula, contiguo a Iguala.
Pero los grupos independientes como el panel de la CIDH han descartado la teoría, que no está apoyada por la evidencia forense. El caso del Gobierno, que se basa principalmente en confesiones y otros testimonios a menudo contradictorios, ha sido “desenredado” en gran parte bajo la supervisión independiente.
